Por un sistema judicial justo, imparcial y legal
POLÍTICA
Texto: Alejandro Lura
Fotos: Mentes Mexicanas
En un hecho sin precedentes en la historia de México, el pasado 1 de junio de 2025 se llevó a cabo la primera elección popular de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este proceso surgió a raíz de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, que transformó el mecanismo de designación de estos funcionarios, pasando de un modelo de nombramiento a uno de elección directa por parte de la ciudadanía.
Cargos en juego y proceso electoral
Durante esta jornada electoral, se eligieron un total de 881 cargos, que incluyeron:
- Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
- Magistrados de circuito
- Jueces de distrito
Este proceso fue organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que estableció lineamientos específicos para garantizar la equidad y transparencia de las campañas. Dichas campañas comenzaron el 30 de marzo y se extendieron por sesenta días, concluyendo el 28 de mayo de 2025.
Participación de servidores públicos en la promoción electoral
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los servidores públicos, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, podían promocionar la elección judicial. Esta decisión revierte una restricción previa del INE y generó debate sobre el uso de recursos públicos y la equidad en el proceso electoral.
Campañas innovadoras y desafíos
Ante las limitaciones de financiamiento y las estrictas reglas impuestas por el INE, muchos de los más de 3000 candidatos recurrieron a estrategias creativas en plataformas digitales para captar la atención del electorado. Redes sociales como TikTok e Instagram se convirtieron en herramientas clave, donde los aspirantes compartieron desde videos humorísticos hasta testimonios personales, buscando conectar con una ciudadanía poco acostumbrada a este tipo de elecciones.
Implicaciones y perspectivas
La implementación de esta reforma representa un hito en la democratización del sistema judicial mexicano, otorgando a la ciudadanía un papel activo en la configuración del Poder Judicial. Sin embargo, también plantea desafíos significativos como garantizar la independencia judicial, evitar la politización de la justicia y asegurar que los jueces y magistrados sean seleccionados por su mérito y capacidad, más allá de su popularidad o habilidades de campaña.
A medida que se acercó la fecha de la elección, fue fundamental que la ciudadanía se informe sobre los candidatos y comprenda la relevancia de su voto en la configuración de un sistema judicial que refleje los principios de justicia, imparcialidad y legalidad que demanda la sociedad mexicana.
